Sergio Carciofi volvió a insistir con la necesidad de crear la figura del Defensor del Pueblo. Tras conocerse las importantes subas de tarifas en todo el país, el edil randazzista recordó su proyecto presentado durante el período legislativo de 2014 que buscó crear ese ámbito de defensa y, si bien se trató en comisión, no se llegó a un acuerdo unánime y las bancadas decidieron postergar su tratamiento.

"Ante el “tarifazo” es inevitable pensar en las acciones que se podrían llevar adelante en defensa de los ciudadanos de Carlos Casares de existir hoy este organismo que, justamente, tiene como función proteger, defender y promover los derechos e intereses individuales y/o colectivos tutelados por la Constitución", consideró Carciofi.

Y hechó luz sobre el impacto local: "En el caso de Carlos Casares el gas provisto por Camuzzi alcanzó hasta un 500% de incremento, en la luz provista por EDEN entre un 70% y un 200% -que se sumarán al 80% anunciado para marzo de este año-, y en las facturas de agua de ABSA hasta un 500% de aumento".

"Todo esto teniendo en cuenta además la deficiencia de los servicios que van desde los cortes programados y no programados de luz, y la mala calidad del agua con contenido de arsénico, cortes y baja presión durante todo el año", puntualizó.

Además, Carciofi recordó algunos items de su iniciativa al señalar que "la institución del Defensor del Pueblo es unipersonal, se regiría por su propio reglamento administrativo y estaría solventado por una partida designada en el Presupuesto Municipal".

"El Defensor del Pueblo no recibe instrucciones de ninguna autoridad y aportaría a nuestra comunidad algo que hoy no existe: la posibilidad de que el vecino pueda reclamar, presentar sus quejas y hacer valer sus derechos, de manera gratuita y sin formalidades, ante un organismo que puede darle una solución efectiva al problema o, al menos, evitar que se agraven", puntualizó.

Según Sergio Carciofi, autor del proyecto, con la Defensoría del Pueblo “nuestra comunidad tendría la posibilidad de contar con una institución legitimada para representar a los vecinos frente a, por ejemplo, errores en la aplicación de las multas de tránsito, estado de calles y rutas, deficiencias en el servicio de salud, cuestiones de contaminación del medio ambiente o mala presentación del servicio de agua, luz y gas; y también de los servicios privados, como son el pésimo servicio de telefonía celular o bien en las deficiencias de bienes y servicios de consumo diario”.