El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola (Cambiemos), tuvo un punto a favor en la Justicia en su intento por recuperar como bien municipal un predio donado con cargo al Tiro Federal, entidad acusada de haber buscado vender por su cuenta las tierras en 2015.

El titular del Juzgado Civil N° 1 hizo lugar a la demanda cautelar presentada por la Municipalidad de no innovar hasta que no se solucione la cuestión de fondo. De esta manera, no puede haber ningún movimiento del inmueble.

“Estamos por el buen camino y todo lo actuado hasta ahora es correcto, aunque no resuelve la cuestión de fondo”, explicó el secretario de Gobierno, Ignacio Orsini. “Es volver a la cuestión de hecho como estaba antes de la demanda, los que son aparentemente titulares no pueden hacer ninguna modificación en el estado de dominio o propiedad del inmueble”, ahondó Orsini.

El Concejo de Deliberante de Chacabuco, a través de la Ordenanza Municipal N°663/88 había realizado una donación con cargo de las tierras para ser utilizadas por el Tiro Federal Argentino de Chacabuco con el cargo de funcionamiento afín.

Sin embargo, en abril de 2016 se tomó conocimiento de la venta privada realizada ante Escribano Publico, por parte de las autoridades del Tiro Federal. El municipio salió a contrarrestar la acción y presentó una denuncia penal.

Con un conflicto in crescendo, en marzo de 2017, el Concejo derogó la ordenanza de 1988 en la que se permitía el uso del predio para que funcionara el Tiro Federal y, además, quitó zonificación de las tierras para que no puedan ser loteadas.

Por su parte, Aiola firmó en agosto de 2017 el decreto Nº 1158/17 que ordena dar de baja la Habilitación Municipal al Tiro Federal, una petición que los autoridades de la entidad habían solicitado, pese a todo.

Con la reciente resolución del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1, la administración de Aiola se acerca a su objetivo de máxima que es recuperar las tierras.

“Esto implica que no se puede realizar ningún movimiento en el inmueble hasta que se resuelva el proceso. Es un puntapié inicial que tomamos como algo positivo. Lo que intentamos con la demanda es que se produzca una revocación contra la donación”, explicó el asesor letrado, Gonzalo Villagrán.

Aiola, en el inicio del conflicto en 2016, había destacado el consenso político alcanzado en torno a la cuestión en el Concejo Deliberante. "Se tiene que acabar que se hagan negocios con el estado municipal por parte de privados, porque me parece que esto es un gran negociado que salta a la vista de los ciudadanos de Chacabuco y salgo a remarcar el compromiso, el apoyo de todos los sectores políticos que integran este Concejo Deliberante y las fuerzas políticas de la ciudad de Chacabuco para poner de manifiesto que cuando se toca al estado municipal se dejan de lado diferencias partidarias y se trabaja en conjunto para recuperar lo que verdaderamente es nuestro”.