La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el recorte del programa Remediar encendió alarmas en la Cuarta, donde comenzaron a multiplicarse las críticas por su impacto en el sistema de salud.

Desde Bragado, la secretaria de Salud, Emma Elizalde, advirtió sobre el inminente cierre de la iniciativa y la drástica reducción de envíos: de 76 fármacos en diciembre, en enero el distrito recibió apenas una partida acotada de anticonceptivos, lo que obligó al Municipio y la Provincia a reforzar compras para sostener la atención.

RECLAMOS Y PRESIÓN POLÍTICA

En paralelo, la senadora provincial y referente del Frente Renovador en Junín, Valeria Arata presentó un proyecto en la Cámara alta para rechazar la medida y exigir la continuidad del programa o el envío de fondos a las provincias.

“Es un ajuste que recae directamente sobre la salud”, advirtió la legisladora del massismo, al cuestionar el impacto en los sectores más vulnerables y en el interior bonaerense.

IMPACTO EN LOS MUNICIPIOS

La preocupación también encendió la voz de los intendentes. En Chacabuco, Darío Golía advirtió que el Municipio debería absorber la provisión de medicamentos, con impacto directo en las cuentas locales. El massista señaló que la dependencia de estos insumos es total, por lo que su eventual suspensión resentiría la atención y agravaría la presión financiera.

En la misma línea, los jefes comunales de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris y su par de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni, mostraron distancia con la medida libertaria. Este último, la tildó de “crueldad total y absoluta”.