El Concejo Deliberante de Junín dio luz verde definitiva a una herramienta impulsada desde el bloque de Fuerza Patria para intervenir ante situaciones de sobreendeudamiento y acompañar a vecinos que no logran hacer frente a sus obligaciones financieras.

La nueva ordenanza crea un procedimiento específico de protección, asistencia y reestructuración de deudas, que tendrá a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) como organismo encargado de analizar cada caso.

La iniciativa fue impulsada por la edil  Maia Leiva, quien defendió la intervención municipal frente a un escenario en el que, según planteó, el crédito comenzó a utilizarse cada vez más para cubrir gastos básicos de los hogares.

QUÉ PODRÁ HACER EL MUNICIPIO

El nuevo mecanismo establece que la situación crediticia de cada vecino será evaluada en un plazo de hasta 72 horas. A partir de ese análisis, la OMIC podrá convocar a las entidades financieras para determinar el origen y el monto de las obligaciones.

También se podrán promover acuerdos para reordenar las deudas de acuerdo con la capacidad de pago de cada familia, incluyendo alternativas como la reducción de intereses punitorios y la consolidación de los saldos pendientes.

La ordenanza fija además límites a las prácticas de cobro: las comunicaciones no podrán realizarse fuera del horario de 9 a 20 ni durante días inhábiles, y se prohíben las amenazas en los lugares de trabajo o los contactos con familiares y allegados del deudor.

DEL CRÉDITO A LA DEUDA

Para Leiva, el problema está relacionado con el cambio en el uso del crédito dentro de los hogares. “Dejó de ser una herramienta de progreso y se convirtió, para muchas familias, en un recurso de supervivencia cotidiana”, afirmó.

Por último, aclaró que el procedimiento no elimina las deudas ni promete soluciones inmediatas, sino que busca generar un marco de acompañamiento y negociación para que los vecinos puedan afrontarlas bajo condiciones más razonables.