La iniciativa fue aprobada por el recinto y expresa la preocupación por la “paralización de las causas por delitos de lesa humanidad que se suceden a lo largo de todo el país y por los reiterados pedidos de prisión domiciliaria para condenados”.
En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) se aprobó un proyecto de comunicación elevado por el FPV. El mismo, expresa la preocupación por la “paralización de las causas por delitos de lesa humanidad que se suceden a lo largo de todo el país y por los reiterados pedidos de prisión domiciliaria para condenados”.
La pronunciación del HCD de la ciudad está en sintonía con un pedido de los organismos de DDHH, conjuntamente con los abogados querellantes en delitos de lesa humanidad, los cuales el pasado 14 de agosto exigieron que “se declare el estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, Justicia pronta y activa”.
Asimismo, el proyecto aprobado por el cuerpo de ediles repudia que se hayan “desmantelado agencias que funcionaban en organismos del estado, valiosas para aportar información documental y asistir a las víctimas por parte del Gobierno Nacional”.
Esto sumado a un pedido constante de las organizaciones de DDHH locales y nacionales por “el no inicio por parte del Poder Judicial de las investigaciones en las causas Junín por delitos de lesa humanidad” cuyas pruebas inicialmente, fueron remitidas por el Juez Federal Carlos Rozanski en febrero de 2015, a los Juzgados Federal de Junín y de Comodoro Py,.
Al respecto del tema, la edil por el FPV y referente en Derechos Humanos, Olga Prieto, expresó que “algunos jueces otorgan prisiones domiciliarias a genocidas con cadena perpetua amparándose, tanto en razones humanitarias como por la edad cuando la realidad es que en el país los genocidas han tenido un justo y debido proceso: de los 2.436 represores imputados desde 2006, sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos, de los cuales 568 (54%) están en una cárcel, mientras 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que el 23% del total de represores está efectivamente en prisión. Sólo uno de cada cuatro”.
