El exintendente de Lincoln Jorge Fernández goza del beneficio de prisión domiciliaria desde este sábado 29 de septiembre, luego de la autorización de la Cámara de Apelaciones.

La medida había sido dispuesta semanas atrás por el tribunal de segunda instancia, integrado por los jueces Carlos Portiglia y Andrés Ortiz.

Así se revocó la decisión que había tomado Marisa Muñoz Saggese, jueza de Garantías de la causa, que se había opuesto de manera firme a la prisión domiciliaria.

Ahora Fernández permanece en su domicilio en el distrito de Lincoln, controlado a través de una pulsera electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense, indicaron desde su entorno.

Fernández, junto a funcionarios de su administración, está acusado de los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos y fraude en perjuicio de la administración pública local.

El titular de la Unidad Funcional y Juicio N° 2 de Junín, Javier Ochaizpuro había señalado tiempo atrás a LT 20 Radio Junín que existen más de 50 denuncias de irregularidades contra el ex intendente del Frente para la Victoria, que gobernó el distrito entre 2007 y 2015.

“Se puede hablar más de 50 hechos denunciados en su contra desde el 2008 hasta la fecha. La primera parte tiene que ver con el 2011 que es una imputación que se hace el tribunal de Cuentas donde advertía irregularidades durante la gestión del 2011 y ese informe se llevó a cabo en el 2013”, detalló Ochaizpuro.

En ese sentido, consignó que la causa “desdoblada” por la cantidad de hechos” y el volumen de información a analizar. “Se tomó la decisión con el área judicial de Delitos Económicos de La Plata de ir cerrando los caminos para tener una estructura que permita hacer una buena acusación y tener una condena que es lo que se procura”.

El Tribunal de Cuentas había puesto los números de la administración del ex jefe comunal contra las cuerdas en enero. El organismo observó la adquisición de bienes y servicios por proveedores que no estaban inscriptos en el municipio; facturas cobradas por funcionarios; firmas que no coinciden entre los cheques y los Recibos de Pago; y contribuyentes que no están registrados en la AFIP.

Según el Tribunal la maniobra se caracterizaba por "la utilización de falsos proveedores, a los cuales mediante la falsedad ideológica de instrumentos públicos (órdenes de compra, órdenes de pago, falsificación de endosos, entre otros), se les adjudicaba una inexistente provisión de bienes y con ello, se desviaba la contraprestación, la cual era percibida por empleados y funcionarios municipales”.