El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, presentará un pedido de informes en la Procuración bonaerense sobre el desempeño del fiscal general de Junín, Juan Manuel Mastrorilli, por no apelar el sobreseimiento en una causa que logró Jorge Fernández.

Serenal apunta a la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías que del 2 de octubre confirmó el sobreseimiento del exintendente Fernández por enriquecimiento ilícito, una causa que había sido iniciada en 2006 por los exconcejales Aníbal Galinelli (fallecido), Enrique Batistelli y la actual edil Patricia Galinelli.

Según publica Semanario de Junín, Serenal presentará un pedido de informes ante el secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, Francisco Pont Verges y en todo caso, evaluar una nueva acción judicial ante el jury de magistrados y el Consejo de la Magistratura de la Provincia.

En concreto, el ex jefe comunal apunta al “entramado judicial" que benefició al ex alcalde, que en la actualidad cumple prisión domiciliaria, acusado de malversación de fondos durante su gestión en el municipio. 

“El responsable a cargo de la Fiscalía General de Junín no interpuso los remedios procesales pertinentes contra la sentencia de marras a los fines de revertir la absurda resolución, adquiriendo la misma la calidad de autoridad de cosa juzgada, ante la omisión recursiva”, sostiene el escrito a presentar.

En ese línea, se sostiene que la sentencia en la causa referenciada representa un evento de gravedad institucional y dada la conexidad con la causa IPP 7452/16 (Denuncia por enriquecimiento ilícito, entre otros, contra Fernández Jorge Abel) de trámite por ante la UFIJ 2 de Junín- en plena investigación-, con más las características de los delitos endilgados e investigados, en su mayoría de ejecución continuada, correspondería haber sido recurrida”.

El ex jefe comunal es enfático en cuestionar el accionar judicial. “La situación descripta convalida el robo del ex Intendente Fernández a los linqueños y la “justicia” lo premia “blanqueándole” el patrimonio mal habido hasta el año 2012, fecha de archivo, pero no de investigación criminal, dado que la misma finalizó a principios del año 2008”, argumenta.

La presentación de Serenal, más de tres meses después de la sentencia, coincide en un momento en el que el gobierno nacional puso en agenda los delitos de corrupción atribuidos a la gestión anterior a partir del reciente decreto de necesidad y urgencia.