En la última sesión de abril, el bloque del Frente Renovador salió a contarle las costillas al concejal del FPV, Marcelo Tau, poniendo sobre tablas una supuesta incompatibilidad de funciones entre su labor como edil y su trabajo como médico del hospital municipal. La historia que había sido resuelta mediáticamente tuvo su cierre en el recinto con la lectura de una carta por parte del propio Tau. Además, en la votación más dividida de la noche, se declaró la Emergencia Habitacional y Ambiental propuesta por el Movimiento San Martín. La UCR empujó proyectos para ordenar el estacionamiento de autos y motos.
Marcelo Tau no necesitó ser Dilma Rousseff ni trasladarse hasta Brasil para tener su ensayo de impeachment. Los ediles del alegrismo volvieron a instalar la polémica y las cosas se resolvieron donde se tiene que resolver: en el recinto.
Pero algo mas debe haber detrás del pressing del Frente Renovador por demostrar lo que desde hace un par de semanas se transformó en una idea fija que repiten como un mantra: El edil del FPV estaría ejerciendo su cargo de manera irregular debido a una supuesta incompatibilidad con su empleo como médico del hospital y su labor como concejal.
Y ese algo más no se reduce al ex intendente Gilberto Alegre quien fue el primero en tirar la granada en los medios de comunicación, sino a una patriada partidaria que tras las lecturas de los argumentos que dieron por tierra las intenciones del bloque massista, una de sus ediles, Silvia Álvarez, insistió en la idea de preguntar cuántas horas diarias trabajaba Tau en el hospital.
Es que desde hace un tiempo a esta parte el alegrismo busca que el concejal del FPV elija entre cara o ceca: Médico o Concejal. Y a pesar de que mediáticamente el propio Tau ya había dado las argumentaciones correspondientes, el Frente Renovador quiso tratar la cuestión sobre tablas.
Y lo obtuvo. Tau respondió con una carta de su puño y letra que si bien iba a ser leída por el Presidente del Concejo Deliberante local, pidió permiso para que salga de su propia boca.
Pero la respuesta del edil del FPV trascendió al bloque del Frente Renovador para apuntar a su mentor: el diputado nacional Gilberto Alegre. Y tuvo lo que toda respuesta debe tener: defensa y ataque.
En efecto, Tau dejó entrever un potable carpetazo tras argumentar porqué no tiene ningún conflicto de intereses que entorpezca el normal desempeño de ambas funciones. Y como venía haciendo en su rally mediático para hablar sobre esta cuestión, tiró un tiro por elevación: el Consorcio de Salud del Noroeste de la provincia de Buenos Aires o como se lo conoce vulgarmente COSANOBA, una entidad a la que el propio Tau definió como “cuasimafiosa” y en la que en una entrevista brindada días atrás deslizó una posible vinculación con Alegre.
No hubiera sido falta entrar en ese terreno si no fuera porque fue el propio massismo quien llevó al concejal a jugar en esa cancha tras emitir una nota donde aseguraban que Tau no podía “ser patrón de sí mismo” debido a que en su tarea legislativa “muchas veces deberá opinar y votar en temas donde sus intereses como empleado pueden estar comprometidos con el municipio y con su actividad privada donde administra intereses que pueden estar en conflicto con el municipio como son los fondos del PAMI”.
Tau hizo uso de su palabra para leer su propia defensa en tercera persona: “El Concejal no es patrón de nadie, es un servidor público, y a eso nos debemos”, soslayó el edil al tiempo que agregó: “esa comparación sobredimensionada de la función del concejal, únicamente cabe como concepto, en una personalidad egocéntrica”.
Acto seguido explicó la punta del ovillo: “Desde hace cuatro años soy prestador directo del PAMI con una cápita de casi 700 pacientes” y agregó que dicha modalidad se estableció como “una respuesta del PAMI para desarticular el accionar de consorcios como COSANOBA en nuestra región, cuyos gerentes manejaban discrecionalmente los fondos que recibían y reciben del PAMI para los afiliados y los prestadores de la zona”.
Por lo demás, las explicaciones formales habían entrado mediante nota e incluso el propio Tau había asegurado que los organismos de consulta le habían dado el visto bueno.
A sus argumentos se le plegaron los apoyos verbales de Ernesto Segretin (Grupo San Martín) y Cristina Rodríguez (UCR).
Esa discusión fue el punto de inflexión de la noche y el primero de los asuntos en sacudir la modorra de la sesión que -hasta el momento- no había tenido mayores picos de rating que una serie de consideraciones que un bloque vertía sobre el proyecto de otro.
Por fuera de lo que fue el tema vedette de la jornada, hubo proyectos. El radicalismo impulsó dos sobre estacionamiento. Uno de ellos que habilita a estacionar en 60º sobre la plaza principal y el otro a ampliar el estacionamiento de motos y ciclomotores en la vía pública.
Pero algo mas debe haber detrás del pressing del Frente Renovador por demostrar lo que desde hace un par de semanas se transformó en una idea fija que repiten como un mantra: El edil del FPV estaría ejerciendo su cargo de manera irregular debido a una supuesta incompatibilidad con su empleo como médico del hospital y su labor como concejal.
Y ese algo más no se reduce al ex intendente Gilberto Alegre quien fue el primero en tirar la granada en los medios de comunicación, sino a una patriada partidaria que tras las lecturas de los argumentos que dieron por tierra las intenciones del bloque massista, una de sus ediles, Silvia Álvarez, insistió en la idea de preguntar cuántas horas diarias trabajaba Tau en el hospital.
Es que desde hace un tiempo a esta parte el alegrismo busca que el concejal del FPV elija entre cara o ceca: Médico o Concejal. Y a pesar de que mediáticamente el propio Tau ya había dado las argumentaciones correspondientes, el Frente Renovador quiso tratar la cuestión sobre tablas.
Y lo obtuvo. Tau respondió con una carta de su puño y letra que si bien iba a ser leída por el Presidente del Concejo Deliberante local, pidió permiso para que salga de su propia boca.
Pero la respuesta del edil del FPV trascendió al bloque del Frente Renovador para apuntar a su mentor: el diputado nacional Gilberto Alegre. Y tuvo lo que toda respuesta debe tener: defensa y ataque.
En efecto, Tau dejó entrever un potable carpetazo tras argumentar porqué no tiene ningún conflicto de intereses que entorpezca el normal desempeño de ambas funciones. Y como venía haciendo en su rally mediático para hablar sobre esta cuestión, tiró un tiro por elevación: el Consorcio de Salud del Noroeste de la provincia de Buenos Aires o como se lo conoce vulgarmente COSANOBA, una entidad a la que el propio Tau definió como “cuasimafiosa” y en la que en una entrevista brindada días atrás deslizó una posible vinculación con Alegre.
No hubiera sido falta entrar en ese terreno si no fuera porque fue el propio massismo quien llevó al concejal a jugar en esa cancha tras emitir una nota donde aseguraban que Tau no podía “ser patrón de sí mismo” debido a que en su tarea legislativa “muchas veces deberá opinar y votar en temas donde sus intereses como empleado pueden estar comprometidos con el municipio y con su actividad privada donde administra intereses que pueden estar en conflicto con el municipio como son los fondos del PAMI”.
Tau hizo uso de su palabra para leer su propia defensa en tercera persona: “El Concejal no es patrón de nadie, es un servidor público, y a eso nos debemos”, soslayó el edil al tiempo que agregó: “esa comparación sobredimensionada de la función del concejal, únicamente cabe como concepto, en una personalidad egocéntrica”.
Acto seguido explicó la punta del ovillo: “Desde hace cuatro años soy prestador directo del PAMI con una cápita de casi 700 pacientes” y agregó que dicha modalidad se estableció como “una respuesta del PAMI para desarticular el accionar de consorcios como COSANOBA en nuestra región, cuyos gerentes manejaban discrecionalmente los fondos que recibían y reciben del PAMI para los afiliados y los prestadores de la zona”.
Por lo demás, las explicaciones formales habían entrado mediante nota e incluso el propio Tau había asegurado que los organismos de consulta le habían dado el visto bueno.
A sus argumentos se le plegaron los apoyos verbales de Ernesto Segretin (Grupo San Martín) y Cristina Rodríguez (UCR).
Esa discusión fue el punto de inflexión de la noche y el primero de los asuntos en sacudir la modorra de la sesión que -hasta el momento- no había tenido mayores picos de rating que una serie de consideraciones que un bloque vertía sobre el proyecto de otro.
Por fuera de lo que fue el tema vedette de la jornada, hubo proyectos. El radicalismo impulsó dos sobre estacionamiento. Uno de ellos que habilita a estacionar en 60º sobre la plaza principal y el otro a ampliar el estacionamiento de motos y ciclomotores en la vía pública.
También hubo controversias menores al pseudo impeachment local. Ambas salieron de las manos del Movimiento San Martín. La primera de ellas tras la aprobación de la suspensión por treinta días contados del otorgamiento de habilitación que autorice la radicación de supermercados y autoservicios.
Dicho proyecto contó con la única oposición del massismo por entender que era inconstitucional. "No vamos a aprobar este proyecto porque consideramos que todo aquel comercio que se quiera instalar en General Villegas y esté dentro de las normas vigentes no tiene que tener ningún impedimento", enfatizó el edil del FR, Marcelo Betanzo.
En contraposición con esa mirada, Susana Brime (GSM) aseguró que lo que busca el proyecto es establecer una base que tienda a orientar un principio de legislación que regule a qué distancia deben ubicarse los supermercados de los almacenes e insistió en que dicha normativa no es definitiva sino "temporaria".
La segunda controversia tuvo la votación más reñida (8 a 8) que se decidió por el voto doble del Presidente del HCD local: José Tomaselli.
En la misma, el dominguismo propuso la declaración de la Emergencia Habitacional y Ambiental. Pedro Satragno (FPV) tomó la palabra para rechazar dicha iniciativa debido a que atenta contra la transparencia en la licitación de la obra pública. "Eligimos no darle un cheque en blanco al Ejecutivo para esto, si siguen los pasos normales y comienzan ya mismo con una licitación estamos a tiempo de llevar a cabo las obras". subrayó el edil.
Quien opuso sus argumentos, fue Ernesto Segretin: "la declaración de la Emergencia no indica que desaparezcan los controles", sostuvo el ex candidato a intendente al tiempo que abogó porque se aumenten las supervisiones.
Con la balanza equilibrada, el oficialismo volvió a plegarse con el Grupo San Martín y el desempate le dio la facultad a la gestión de Campana de contar con una nueva Ley de Emergencia.
Nada muy distinto al panorama provincial.
