La entidad disparó contra los ministros de Economía y Agroindustria de la gestión de Vidal. Habló de una situación de "desidia". Dijo que las tierras están en emergencia hace más de 30 años.
La Sociedad Rural de Trenque Lauquen salió a exponer que el gobierno de la provincia de Buenos Aires llevará a juicio por deudas tributarias a productores del sector Hinojo-Las Tunas que tienen sus tierras en emergencia permanente desde “hace más de 30 años”:
En un fuerte comunicado con críticas a los ministerios de Economía, a cargo de Hernán Lacunza, y de Agroindustria, bajo el mando de Leonardo Sarquis, la entidad reclamó una solución “con carácter de urgencia” frente a lo que consideró una “irregularidad”.
La Rural que los funcionarios aborden la situación “con el respeto que se merecen los productores que en la década del 80 eran ganaderos, tamberos y sembraban cultivos, en el mismo lugar que hoy son espectadores de la pesca deportiva y comercial del famoso pejerrey del Oeste bonaerense”.
Según expuso la entidad, las partidas perdieron la condición de emergencia porque los funcionarios provinciales “no firman las resoluciones ni los decretos correspondientes”.
La Rural sostuvo que esta situación se debe a “la desidia del gobierno provincial” y repudió fervientemente la falta de respuestas de los ministros “que ha llevado al extremo una situación que debería estar resuelta hace décadas”.
“La situación es de extrema gravedad ya que son campos improductivos hace más de 30 años y la única respuesta es que paguen las deudas que acumularon por desidia estatal”, ahondó la entidad.
A raíz de la situación, la Comisión de Emergencia de Trenque Lauquen mantuvo un encuentro para analizar el caso. Los productores tienen que recurrir a la justicia para demostrar la inconsistencia de los juicios iniciados por la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) debido a la falta de pago.
A mediados del año pasado, la secretaría de Producción del municipios había enviado cartas a ARBA para tratar de aclarar la situación. De hecho, el intendente oficialista Miguel Fernández llegó a solicitar una audiencia con el ministro de Agroindustria por la situación.
La modificación en el procedimiennto administrativo para declarar la emergencia excluyó a los productores de los beneficios que tenían por la situación de la inundación, explicó la entidad.
